La imposibilidad de comparar rentabilidades de los seguros tiene los días contados. Los productos de ahorro deberán disponer de algo parecido a la Tasa Anual Equivalente (TAE) de los depósitos bancarios el próximo 14 de diciembre. El Ministerio de Economía fija la obligación en una orden ministerial de 2014, que concedía un año de adaptación a la industria cuyo plazo expira para dicha fecha.

La medida, que afecta a productos con unos 140.000 millones de euros bajo gestión, obliga a detallar el rendimiento financiero a todos los seguros de ahorro, salvo aquellos de vida riesgo y de rentas vitalicias puras -cubren la invalidez y fallecimiento- y los que no garantizan una rentabilidad -unit linked-.

Igual terreno de juego

La directora general de Seguros, Flavia Rodríguez Ponga, quien el miércoles recordó la fecha de entrada en vigor tras participar en unas jornadas de Educación Financiera organizadas por Fundación Mapfre, impulsó la iniciativa para facilitar la contratación al ciudadano.

La dispar manera con la que las compañías difunden precios y las ganancias que devengan convierte esta decisión en una suerte de azar para el ahorrador, tentado a contratar ofertas a priori más jugosas, cuyo atractivo puede deslucir en una comparativa homogénea. La nueva TAE o rentabilidad esperada unifica criterios para que se dé un porcentaje orientativo del rendimiento, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad como ciertos gastos, las comisiones o plazo de la operación.

Su adopción formaba parte de la Ley de Economía Sostenible aprobada por el Gobierno socialista a principios de 2011, pero impulsada por la Dirección General de Seguros que lidera Rodríguez Ponga.

La creación ha sufrido las complicaciones de decidir su mejor cocina, dado que en el seguro juegan imponderables más difíciles de medir que en la tradicional TAE. Que se pueda cotejar es un desafío que introducirá competencia en el sector y allana el camino para rivalizar por los ahorros que tradicionalmente captaban los depósitos bancarios, si bien el escenario actual de tipos ultrabajos dinamita su atractivo de estas ofertas en favor de otros productos, como fondos de inversión.

Precisamente, este escenario movió al supervisor a solicitar a las aseguradoras su estrategia de negocio en Vida con los tipos casi a cero. Flavia Rodríguez de Ponga descartó que vaya a implementar medidas generales sobre esta materia. Conocidos los planes de las compañías, apuntó que cualquier comenario será unilateral dentro de la labor rutinaria supervisora.

Orden en la maraña de pólizas

La Dirección General de Seguros da pasos para embridar el enjambre de obligaciones en la contratación de pólizas existente a lo largo y ancho de la geografía española. Su directora, Flavia Rodríguez de Ponga desveló el miércoles que ultima la creación de un registro sobre qué seguros son exigibles para su consulta por parte del ciudadano. Hasta la fecha, el organismo ha computado más de 600 pólizas en las distintas actividades. Y es que puede darse la paradoja de que un organismo o ente reclame coberturas para una actividad en una localidad no requeridas para el desarollo de la misma en otra región.

El plan inicial es compilarlas o censarlas para conocer su existencia y facilitar la suscripción -que un ciudadano, por ejemplo, sepa si debe contratar un producto en caso de ir de caza a Murcia o si se lo demandarán de elegir el coto en Alicante-. Rodríguez Ponga descartó planes para simplificar u unificar esta situación a escala nacional. Sin embargo, la reforma de la ley del sector pone las bases, en la medida que establece la necesidad de que cualquier nueva obligación sea aprobada por Seguros y se haga con rango de ley. Se pondrá así coto a diferencias por razón geográfica, en razón de ordenanzas municipales o regulación autonómica. La intención es que el registro esté regulado a principios del próximo año.

Fuente de la noticia: El Economista