Prácticamente la totalidad de los economistas más ilustres y todos los organismos de renombre mundial, incluida la Organización Internacional del Trabajo (OIT), creen que el mercado laboral evoluciona inexorablemente hacia el autoempleo. Y es que las empresas han dejado de contratar a tantos asalariados como en el pasado, para pasar a externalizar muchas de las tareas que antes realizaba parte de su plantilla.

De ahí que los cazatalentos recomienden a muchos profesionales que deciden cambiar de empresa o se quedan sin trabajo darse de alta como autónomos y ofrecer a las empresas los servicios que antes prestaban como asalariados. Con el fin de impulsar ese emprendimiento, el Gobierno ha puesto en marcha a lo largo de esta legislatura distintas iniciativas que faciliten la puesta en marcha de nuevos negocios. Esta ley que ahora entra en vigor es un compendio de todas ellas. Estos son los aspectos más destacados del nuevo marco regulatorio.

Tarifa plana

Una de las medidas estrella de la nueva norma es el establecimiento de la llamada tarifa plana para los nuevos autónomos. Consiste en cotizar durante los primeros seis meses en concepto de contingencias comunes a la Seguridad Social por solo 50 euros al mes (la cuantía normal asciende a 260 euros mensuales). En un segundo plan de medidas, el Ejecutivo aprobó que los autónomos que disfruten de este incentivo puedan contratar trabajadores sin perder este derecho de cotizar con la tarifa plana. Una rebaja que se extiende a colectivos especialmente vulnerables, como las víctimas de terrorismo y de violencia de género.

Prestación por desempleo

Tradicionalmente, cuando un trabajador se quedaba en paro siempre ha existido la opción de poder capitalizar parte de la prestación que le correspondía, si tenía el tiempo cotizado suficiente para ello, con la finalidad de montar un negocio o empresa propia. La novedad que ahora incluye la norma es que se amplía, con independencia de la edad del solicitante, la posibilidad de que los desempleados cobren de una sola vez hasta el 100% de la prestación con el fin de poder hacer frente a los gastos iniciales de la puesta en marcha de su empresa.

Esta modificación representa una mejora sustancial si se compara con el sistema anterior por el que se podía capitalizar el 60% de la prestación si el desempleado era mayor de 30 años.

Cobrar el paro y trabajar

Otra de las grandes novedades que incorpora el nuevo texto legal es que los autónomos podrán compatibilizar durante un máximo de nueve meses el cobro de la prestación por desempleo con el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Esta posibilidad, que antes solo estaba reservada para los menores de 30 años, se amplía como apoyo o respaldo al emprendedor, ya que el Gobierno admite que el comienzo de un negocio suele ser la etapa más dura.

Segunda oportunidad

Una de las premisas que el Ejecutivo ha intentado mejorar en distintas leyes es la situación de las personas o empresas que no logran sacar adelante su negocio. Con el objetivo de favorecer una segunda oportunidad, tal y como ocurre en las leyes de otros países del entorno europeo o en EE UU, la nueva norma del Trabajo Autónomo aumenta de 24 a 60 meses el plazo para la reanudación de la prestación por desempleo una vez iniciada una actividad por cuenta propia a todos los trabajadores con derecho a prestación.

Conciliar la vida familiar y laboral

Otro de los cambios que fueron introducidos más recientemente es la posibilidad de que los autónomos económicamente dependientes, que son aquellos que perciben al menos el 75% de sus ingresos de una única empresa o cliente, puedan contratar a un trabajador en determinadas circunsntancias, como es un embarazo o para el cuidado de hijos o mayores, y poder de ese modo conciliar la vida familiar y laboral.

Economía social

La reforma legal ahora efectiva incluye también mejoras para incentivar la incorporación de socios a la economía social. Así, las empresas de inserción que contraten a personas en situación de exclusión contarán con una bonificación de 850 euros al año un máximo de tres.

Otro de los cambios incluidos pretende favorecer la incorporación al mercado laboral de los trabajadores con mayores dificultades para hacerlo. De este modo, prevé ampliar las bonificaciones a las empresas ordinarias que contraten empleados procedentes de empresas de inserción. La reducción de cuotas alcanzará los 1.650 euros el primer año, frente a los 600 euros previstos hasta ahora o 500 euros si son contratos eventuales.

Con todos estos incentivos que contiene la nueva ley, el Ministerio de Empleo espera que se generen las condiciones idóneas para que el trabajo autónomo crezca en 550.000 personas hasta 2019.

Fuente de la noticia: Cinco Días