Los canales éticos o de denuncia de posibles delitos son uno de los principales vehículos que tienen las empresas para monitorizar sus modelos de compliance. Un estudio muestra que estos sistemas están más implantados en España que en otros países de Europa, pero necesitan seguir avanzando.

La proporción de empresas españolas que cuentan con canales éticos o de denuncia como mecanismo de control para prevenir delitos supera la media europea, aunque estos sistemas tienen menos madurez que los de sus vecinos del Viejo Continente y tienen, entre sus retos, la externalización de su gestión por un tercero independiente.

Son algunas de las conclusiones del informe Speak Up, elevando el tono en integridad empresarial, elaborado por Forética con el apoyo de Bankia, Cuatrecasas y Lilly, que analiza el grado de implantación de estos canales comparándolos con Europa.

La crisis y los escándalos financieros han supuesto un aumento de la normativa para mejorar el buen gobierno y la integridad empresarial, poniendo el foco en el desarrollo de herramientas que refuercen estas prácticas. El estudio muestra que estos canales tienen un alto nivel de implantación en las empresas cotizadas. En España y Reino Unido están presentes en la totalidad de las empresas de la muestra, frente a Francia, donde el 12% de los grupos aún no ha desarrollado estos mecanismos.

Pero sólo una de cada diez compañías españolas los tiene implantados desde hace más de diez años, frente al 40% de las británicas, el 43% de las holandesas y el 24% de las francesas, aunque el 75% de estos canales han sido actualizados en los últimos cinco años, en línea con la media europea. El informe destaca que estos sistemas son muy dinámicos y requieren de continuas revisiones para mejorar su eficacia. Cuanto mayor es la tradición de estos programas, con mayor frecuencia se revisan. Así, lo hace el 83% de las empresas en Reino Unido y el 70% de las francesas. En España, tres de cada cuatro los han revisado en el último lustro.

Si se analiza la manera de gestionar los canales éticos, el 90% de los grupos españoles opta por hacerlo de manera interna, mientras que el 70% de los británicos prefiere externalizarlos. Los franceses mantienen un equilibrio entre la gestión interna y la externa. Esta menor propensión a la externalización es una de las principales diferencias con Europa, junto a una menor tendencia a permitir el anonimato de las quejas.

Confidencialidad

Las garantías de no represalias, es decir, la confidencialidad en el proceso de denuncia o anonimato es uno de los elementos determinantes para impulsar estos canales, junto al público al que va dirigido y puede utilizarlo (empleados, pero también proveedores o clientes), la accesibilidad (uso de correo electrónico, teléfono o web), el alcance y los mecanismos de investigación y la respuesta ante la denuncia. En este sentido, la confidencialidad se configura como la principal característica para generar confianza en estos mecanismos. Además de la confidencialidad, algunos sistemas permiten su uso de forma anónima, lo que favorece que el usuario no tenga que revelar su identidad.

Dentro de la muestra se distinguen dos extremos. Por una parte, Reino Unido que favorece el uso de los sistemas, tanto de manera confidencial como anónima, en la práctica totalidad de los casos (93%). En el otro extremo, España opta, en un 69% de la muestra, por un modelo en el que el usuario tiene que identificarse, aunque goza de la protección de la confidencialidad. En el punto medio, Francia, que garantiza el anonimato en el 64% de los casos, mientras que el restante 36% es sólo confidencial.

El informe destaca que, en los próximos años, deberían reforzarse las garantías para una mayor confianza de los usuarios en estos canales, por lo que en las próximas revisiones, entre otros ajustes, se debería apostar por una mayor admisión de los canales de denuncia anónimos y por emplear los servicios de un tercero independiente para gestionar estos mecanismos.

Fuente de la noticia: Expansión