Por fin. Los ministros de Justicia de la Unión Europea han desbloqueado la iniciativa para dotar al continente de unas nuevas reglas que refuercen la protección de datos.

Después de tres años de idas y venidas sin conseguir una posición de consenso, este lunes el Consejo alcanzaba un acuerdo de propuesta de reglamento. Todo un hito que era acogido con satisfacción por las asociaciones de consumidores e internautas, pero que en el seguro caía como un auténtico jarro de agua fría.

Razones no faltan. No por el hecho en sí, sino por el contenido. El texto pactado, que ahora servirá de base para las conversaciones con el Parlamento y la Comisión Europea de las que ha de salir la regulación definitiva, no incluye reivindicaciones capitales que la industria aseguradora había trasladado durante el proceso de negociación de los ministros de Justicia de los Veintiocho. Ausencia que solo puede ser vista como un fracaso.

Con todo, el seguro europeo no cede pronto al desánimo. Y aunque parece evidente que las opciones para hacer valer sus postulados se agotan, el sector no está dispuesto a tirar la toalla en su aspiración de que las nuevas normas de protección de datos de la UE introduzcan excepciones relacionadas con las particularidades de la actividad aseguradora. Consciente de que el trílogo es la última oportunidad, el lobby asegurador ya ha puesto en marcha la maquinaria para ejercer presión; empezando por manifestar su desazón ante la opinión pública.

Transcurridas solo unas horas desde que se conociera la existencia de un acuerdo del Consejo, Insurance Europe, la federación europea de patronales del seguro y el reaseguro e institución encargada de librar las batallas del sector en Europa, lanzaba un comunicado para expresar su «extremada preocupación» por la propuesta regulatoria. El jefe de comportamiento del negocio de la organización, William Vidonja, era el portavoz asignado para avisar de los posibles efectos que acarreará no recoger las sensibilidades del seguro en el reglamento europeo.

«Estas normas de protección de datos se diseñaron con los principales motores de búsqueda, los vendedores en línea y plataformas de medios sociales en mente; sin embargo, las aseguradoras y sus consumidores podrían resultar significativamente afectados por ellas», decía Vidonja, incidiendo así en uno de los argumentos utilizados por la asociación de patronales en el pasado para desautorizar varios de los cambios previstos.

Según sostiene el sector, aspectos de la normativa en trámite, como el derecho al olvido (en su vertiente sobre los negocios off line) o la revocación del consentimiento (que permitirá a los clientes solicitar la retirada de sus datos de los ficheros de las empresas transcurrido un plazo legal que varía según el contrato), son un obstáculo para las tareas de lucha contra el fraude y también para la evaluación de riesgos sobre la que se calculan las primas de las pólizas, y por tanto podrían tener derivadas sobre las tarifas.

Demandas

Para evitar «consecuencias no deseadas», Vidonja reclama como «crucial» que los responsables políticos de la UE implicados en el próximo diálogo a tres bandas «garanticen que la regulación final permite a las aseguradoras continuar prestando sus servicios a los clientes».

En particular, Insurance Europe dice que los legisladores deberían incorporar ciertas consideraciones en el armazón normativo. La primera y más básica, que los operadores que actúan como controladores de datos -es el caso del seguro- cuenten con una base legal para poder procesar y conservar datos con fines de detección y prevención del fraude. La federación pide además que las nuevas reglas consientan a las aseguradoras seguir efectuando evaluaciones prospectivas del perfil de los asegurados para medir mejor los riesgos que han de cubrir.

Pero, sobre todas, la solicitud más polémica de Insurance Europe es la que sostiene que la industria del seguro debe tener potestad para rechazar las peticiones de los clientes con vistas a eliminar sus datos de los ficheros en algunos casos en los que hayan de prevalecer criterios contractuales o de lucha contra el fraude. Esto supondría un privilegio y una excepción de calado al derecho al olvido, una de las propuestas bandera de la nueva regulación europea de protección de datos.

Habrá que aguardar todavía unos meses, hasta finales de año -cuando se espera que concluyan las negociaciones del trílogo-, para ver en qué queda el reglamento y constatar si el seguro europeo se ha salido con la suya o tiene que encajar una segunda, y esta vez sí, decisiva, derrota. Por lo pronto, queda partido, aunque vaya perdiendo.

Fuente de la noticia: Expansión