El supervisor del seguro ha pedido información a las entidades para que le demuestren que los precios que aplican son suficientes para cumplir con sus compromisos.

Las aseguradoras, en general, y las de automóviles, en particular, se enfrentan a una encrucijada marcada por un previsible deterioro de su rentabilidad a corto plazo.

La fuerte competencia que vive el sector en los últimos años ha llevado a las entidades a ajustar sus precios al máximo para intentar no perder clientes en un entorno de caída del negocio agravado por los efectos de la crisis.

La cuestión es si ahora esos precios son adecuados para afrontar el aumento de la siniestralidad y las mayores exigencias que recaen en las aseguradoras.

La Dirección General de Seguros ha irrumpido en este escenario y ha dejado claro que las entidades deben cobrar un precio suficiente en todos los ramos para que la compañía pueda cumplir sus compromisos.

Encontrar el punto de equilibrio en sus tarifas es el dilema al que se enfrentan las compañías. ¿Cómo se traslada esto al bolsillo de los clientes? No hay café para todos, sino segmentación de carteras, y los asegurados con menor siniestralidad se llevarán la mejor parte y viceversa.

El crecimiento rentable se ha convertido en la máxima de las entidades en este entorno y esto les lleva a subir los precios a los usuarios con mayor siniestralidad y a mantener la situación de los más rentables por su reducido o inexistentes historial de partes. En lo que va de año, el seguro de automóviles ha aumentado sus precios un 4%, de media, un porcentaje que se mantendrá para al cierre del ejercicio, señalan en el sector.

El incremento medio necesario en los precios del seguro de responsabilidad civil, el obligatorio por ley, debería ser del 8% para poder compensar las pérdidas que genera este negocio, que cerró el año pasado con una ratio combinada del 107,58%, según datos de Icea. Esto quiere decir que por cada 100 euros que ingresa una aseguradora, destina 107,58% euros a siniestralidad y gastos.

El ramo de automóviles redujo el año pasado su beneficio un 35%, hasta 334 millones de euros. El sector ganó en total 3.135 millones, un 18,8% menos que en el ejercicio precedente.

Pero la presión de los márgenes no es algo exclusivo del ramo de automóviles. El baremo que desde el pasado 1 de enero aumenta el importe de las indemnizaciones a pagar a las víctimas de accidentes se ha convertido también en referencia para fijar los pagos en el ramo de responsabilidad civil general.

Algunas entidades ya se han puesto manos a la obra con decisión y han soltado lo que consideran un lastre.

Axa es la que más visibilidad ha dado a esta estrategia que terminó con el cierre de 2015. La aseguradora francesa ha renunciado en los últimos años a un negocio de 100 millones de euros ligados a flotas de automóviles por su elevada siniestralidad.

Mapfre ha renunciado al seguro que cubre al Consejo General de la Abogacía por el mal resultado de la póliza. Allianz negocia darle cobertura con una prima que duplica la de Mapfre. Estos no son los únicos casos: la Policía y la Guardia Civil han tenido que aumentar un 58% el precio de su seguro de accidentes después de que ninguna aseguradora se presentar al concurso abierto para adjudicar esta póliza.

En paralelo, la caída de tipos reduce la rentabilidad de las inversiones del seguro que ya no cuenta con este colchón para compensar el resultado del negocio.

Fuente de la noticia: Expansión