La nueva regulación en torno a la responsabilidad penal de las personas jurídicas hará que muchas empresas se planteen revisar las pólizas de seguro contratadas.
La entrada en vigor de la reforma del Código Penal hace una semana ha supuesto una pequeña revolución para el mundo empresarial. La nueva regulación que introduce el texto en torno a la responsabilidad penal de las personas jurídicas está obligando a las compañías a tomar medidas al respecto, como la elaboración de programas de cumplimiento normativo que, si están bien implantados, pueden ser una eximente ante un posible delito que se cometa en el seno de la organización. Pero no será ese el único cambio para las empresas. Otra nueva cuestión que se plantea ahora es si será necesario revisar también las pólizas de seguro que protegen a los altos directivos, un tema que preocupa especialmente a quienes ocupan estos cargos.
Según explica el abogado Xavier Ribas, experto en el ámbito de cumplimiento normativo, "la cobertura ideal de un seguro de responsabilidad penal para empresas (en realidad responsabilidad civil derivada de la penal) debería extenderse a los delitos cometidos por los trabajadores a pesar de haber cumplido la empresa sus obligaciones de control". En su opinión, "sería ideal incluir la multa y la indemnización por daños y perjuicios", aunque reconoce que "hay dificultades" para lo primero.
Ribas señala que "la empresa debería acreditar en cualquier caso el control frente a la compañía de seguros mediante auditorías periódicas". De esta manera, "lo que realmente se cubriría serían los supuestos de elusión del control por parte de trabajadores de mala fe. O también aquellos casos en los que la compañía de seguros apreciase la suficiencia y la eficacia del control, pero el juez no".
Pero, ¿qué pasa con los altos directivos? Sobre esta cuestión, Alfredo Domínguez, socio y coordinador del área de cumplimiento normativo de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, apunta que "la reforma del Código Penal hace recomendable que las empresas revisen su sistema de seguros actual, ya que, con el nuevo texto, se imponen nuevas obligaciones a los administradores de las compañías que, de no cumplirlas, pueden incurrir en responsabilidad penal".
En la actualidad, lo habitual es que las empresas cuenten con un seguro de responsabilidad civil con el que cubren el riesgo de una eventual indemnización a un tercero por daños o perjuicios causados de los que la organización sea civilmente responsable en el ejercicio de su actividad.
Normalmente estos seguros protegen las indemnizaciones que deban pagar las compañías, pero para la responsabilidad específica de los altos cargos existe otro tipo de pólizas, no tan frecuentes en las empresas, como el seguro de administradores, consejeros y directivos, más conocido como D&O (directors and officers, en su denominación en inglés). Se trata de un tipo de pólizas que, con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, podrían ganar peso.
Una cuestión importante a tener en cuenta a la hora de contratar estos seguros, o revisar los que ya tengan las compañías, consiste en decidir qué cargos van a figurar bajo su protección. Domínguez explica que, con el nuevo texto penal, desde el despacho recomiendan que se proteja con la póliza de D&O a todos los altos cargos de la empresa implicados en la prevención de delitos, lo que incluiría también a la nueva figura del compliance officer o responsable de cumplimiento normativo, especialmente expuesto.
Curiosamente, según las conclusiones del último estudio sobre el seguro de responsabilidad civil de administradores, consejeros y directivos (D&O) elaborado por la firma de consultoría de riesgos y seguros Marsh, en colaboración con Cuatrecasas, casi una de cada dos empresas españolas no conoce la existencia de este tipo de seguros. No obstante, el informe pone de relieve la cada vez mayor implantación de estas pólizas en las empresas españolas, destacando en 2013 su contratación por el Ibex (100%), sociedades cotizadas (79%), compañías sin cotizar (63%) y pymes (39%).
Fuente de la noticia: Expansión